Una segunda ola de manifestaciones importantes se hizo protagonista durante el gobierno de Iván Duque. Resteados y desafiando a una de las enfermedades más enigmáticas, contagiosas y peligrosas de la historia reciente, sectores importantes de la sociedad decidieron salir a las calles a terminar de saldar las cuentas que quedaron pendientes en las protestas de 2019 y que, por la COVID-19, tuvieron que suspenderse. Pero, además, y durante un año de decisiones y maniobras gubernamentales importantes, que pretendían hacerle frente a la crisis traída por la nueva enfermedad, los manifestantes llegaron con nuevas exigencias y malestares.
Una reforma tributaria y del sistema de salud ad portas fueron dos de las principales razones de las movilizaciones sociales, que comenzaron el pasado 28 de abril: bloqueos en las principales vías extraurbanas, que impedían la distribución de alimentos y de insumos médicos esenciales, aglomeraciones, actos vandálicos y violentos y el inicio del tercer pico epidemiológico de COVID-19; el más mortal e invasivo hasta ahora.
Los motivos por los cuales el Comité Nacional del Paro (CNP) activó la movilización social en el país fueron sucumbiendo a las presiones. La reforma tributaria fue retirada. Días después la reforma a la salud, abanderada desde el principio por el Gobierno nacional, fue rechazada en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Pero las aglomeraciones, bloqueos y actos anárquicos continuaron y, con ellos, el disparo de la curva de contagios y ocupación en Unidad de Cuidados Intensivos de todo el país. Hoy, el sistema de salud nacional está casi al límite de su capacidad de atención, a pesar de que la vacunación contra la nueva enfermedad se desarrolla como se esperaba.
El anuncio del Comité Nacional del Paro de suspender las movilizaciones, que se realizan cada miércoles, no parece menguar los ánimos de algunos de los manifestantes. Una de las características del Paro Nacional es la ausencia de un movimiento social uniforme, capaz de canalizar las demandas de cada grupo que protesta en el país (campesinos, profesores, obreros, etc.). En este escenario, los más jóvenes, quienes han sido denominados “Primera Línea”, se niegan a seguir las directrices del CNP. Este último está liderado por veteranos sindicalistas y algunos líderes estudiantiles de universidades públicas (con escasa representación femenina), que son la voz de apenas una parte de los manifestantes.
Las pretensiones sugeridas por Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de pertenecer al Senado de la República generó ruido en el país, sobre todo en esos sectores que aún no se identifican con los líderes sindicales tradicionales, pero que están convencidos de que las acciones de calle deben continuar.
Lo que vislumbra el panorama nacional es que no existe un consenso entre el Comité Nacional del Paro y buena parte de los manifestantes. Los jóvenes de la “Primera Línea” de Bogotá anunciaron que continuarán en la calle porque, según ellos, la dirigencia del CNP no los representa. Esta decisión tiene un par de consideraciones subyacentes: por una parte, el 90 % de los jóvenes del país se identificaba con el Paro Nacional hasta mediados de mayo, según una medición de la Universidad del Rosario, El Tiempo y la firma Cifras y Conceptos. Esta alta aprobación está dada por la situación de los “Nini”, unos 3 millones de jóvenes (en aumento) que no estudian ni trabajan (Nini) y que corresponden al 27,7 % de la juventud colombiana, según las cifras del DANE.
Por otra parte, la legitimidad del Estado y de su interlocutor, el CNP, en las zonas en las que los jóvenes de la “Primera Línea” siguen protestando, es casi nula. Tal es el caso del Portal de las Américas en la localidad de Kennedy (Bogotá), donde la presencia de la Secretaría de Gobierno no ha logrado apaciguar la situación entre los manifestantes y la Policía, y de Siloé (Cali), donde cada noche se sigue concentrando un grupo de jóvenes.
Apenas ayer el ESMAD tuvo que intervenir en Medellín, por la movilización de unas 300 personas, que se dirigían hacia el occidente de la capital. Sobre la carrera 80 de la ciudad se presentaron disturbios y enfrentamientos. Una muestra de lo que ya venían alegando diferentes sectores sociales, “el Comité de Paro no representa a todas las personas que se manifiestan en las calles”.
Anoche, en Bogotá, los enfrentamientos entre civiles y uniformados del ESMAD dejó, por lo menos, cuatro personas heridas. El mismo panorama se repitió en Bucaramanga, donde hubo enfrentamientos entre el ESMAD y la muchedumbre movilizada. Ante la intensificación de las acciones de calle, surge la duda, ¿realmente el paro terminó? o, por el contrario, esos jóvenes que desde mayo han insistido en desvincularse de los líderes veteranos y delegados del CNP ahora llegan con más autonomía, rebeldía y determinación a demostrar su liderazgo en este contexto social.
Otra interrogante se hace presente en este momento: ¿la protesta social colombiana está perdiendo credibilidad? La suspensión de las manifestaciones por parte del CNP llega en un momento en el que la dirigencia del movimiento tiene una imagen muy negativa. Por una parte, la persistencia de algunos bloqueos al interior de Cali y en ciertas regiones del país ha deslegitimado la protesta por cuenta del desabastecimiento en los municipios y las extorsiones en varias carreteras bloqueadas. Además, el pico de la pandemia que experimenta el país hizo ver al CNP como negligente, pues no suspendió las movilizaciones cuando los contagios y las muertes se elevaron hasta colapsar el sistema sanitario.
Ahora la negociación del Gobierno nacional tiene que considerar a los jóvenes, en especial los “Nini”, para comenzar a entablar conversaciones serias y formales, tomando en cuenta que este sector es osado en sus acciones de calle. Según se supo, está previsto un concierto nacional de protesta en los próximos días y la radicación de un paquete de proyectos de ley que responde a las demandas del CNP el 20 de julio. Pero, todas estas decisiones y vaivenes se siguen dando en medio de la pandemia por COVID-19; la cual continúa cobrando vidas y ocupando el sistema hospitalario nacional hasta llevarlo al límite.
Las implicaciones en salud, de cara a las decisiones que se tomen, no pueden quedar por fuera. En este momento, este es uno de los aspectos más delicados, determinantes e importantes de considerar, tomando en cuenta la necesidad médica y asistencial que hay en todo el país, el elevado número de contagios, la incertidumbre sobre nuevas cepas y el desconocimiento sobre la durabilidad real de la inmunidad dada por las vacunas.
