Según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 135, la moción de censura es el debate que se da en las Cámaras que conforman el parlamento nacional, respecto a actuaciones indebidas o dudosas de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, “por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”.

La historia de Colombia ha estado manchada por la corrupción y el narcotráfico. Estos siguen siendo el peso de un gentilicio que lleva en su ADN el sudor del campo, el dolor de la guerra y el empeño por lograr desarrollo en su modo de vida. Sin embargo, la sombra de estos flagelos siempre enciende la llama y calcina todo intento de supervivencia del colombiano de a pie y trabajador por naturaleza.

Un nuevo escándalo de corrupción empaña al país. Nuevos debates, enfrentamientos, señalamientos y dinero perdido adornan los titulares de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. De nuevo Colombia protagoniza un hecho de corrupción, grande y doloroso. 

La discusión más importante en este momento en el parlamento nacional se centra en una posible moción de censura para la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien hasta ahora venía dando la cara y defendiendo su cargo en la cartera de tecnología, pero con la noticia con la que amaneció hoy el país de que el presidente Iván Duque le pidió ayer su renuncia, estamos a la espera del pronunciamiento oficial de su retiro. 

Iván Duque está por terminar, como el presidente más joven de la historia colombiana, una administración colmada de manifestaciones sociales, una enfermedad que desordenó sus planes de gobierno y sumó más problemas a los que ya traía el país y, como si fuera poco, la pérdida de 70 mil millones de pesos en un contrato que debía darle conectividad a escuelas rurales de Colombia. Aseguran los medios de comunicación que será él quien ahora se encargue del proyecto que beneficiará estos espacios educativos, una vez que el dinero sigue sin aparecer y que las investigaciones apenas comienzan.

Aunque Duque venía invicto con problemas de corrupción de esta magnitud durante su gestión, esta es la novena vez que un ministro de su gabinete se enfrenta a una moción de censura. Mas recientemente, la coalición de gobierno demostró tener las mayorías en las últimas dos mociones que enfrentó el ministro de Defensa, Diego Molano, por las acciones de la Policía Nacional durante el más reciente paro nacional. 

Pero, esto no es nuevo en el país. Varios ministros, y líderes en administraciones anteriores a la de Duque, han tenido que renunciar ante las mociones de censura que se han interpuesto en su contra. Antes de cualquier castigo político, que condene su carrera y entierre su reputación para siempre, todos han preferido renunciar a su cargo. Tres de los casos más emblemáticos y recordados han sido los siguientes: 

• Guillermo Botero Nieto. Fue ministro de Defensa del presidente Iván Duque durante los años 2018 y 2019. La primera moción de censura se le interpuso en junio de 2019. En ese momento, la bancada de la oposición argumentaba que él no estaba cumpliendo con algunas de las misiones asignadas a su cargo: 121 representantes negaron la moción y solo 20 votaron por su salida del gabinete.

Pero, cinco meses después, en noviembre de 2019, enfrentó otra moción de censura. Esta vez, el hecho más importante le atribuye responsabilidad en un bombardeo militar hecho en un campamento de disidentes de las FARC, donde aparecieron varios menores de edad muertos. Cuando los votos a favor de su censura política empezaban a jugar en su contra, decidió renunciar a su cargo como ministro.

• Néstor Humberto Martínez. Fue ministro del Interior del presidente Andrés Pastrana durante los años 1998 – 2000. En ese momento renunció antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra. Lo hizo minutos antes de que los parlamentarios iniciaran la sesión. “Mi partida se hace indispensable para evitar que se me juzgue por quienes, desde la óptica de sus propios intereses, consideran censurable la posibilidad de soñar con un país diferente que rompa con los vicios del pasado”, fueron las palabras de Martínez en ese momento, según el registro de El Tiempo.

• Fernando Londoño. Fue ministro por dos años de Interior y Justicia durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Renunció a su cargo antes de darse una moción de censura en el año 2003. En ese momento se le involucró con la compra irregular de acciones de la firma Invercolsa.

Un interesante artículo publicó Revista Semana el pasado 28 de mayo. En él, el medio asegura que la moción de censura, esa figura que fue aplaudida como uno de los más importantes avances de la Constitución del 91, al otorgarle al Senado y a la Cámara la facultad para destituir ministros, ha demostrado ser una herramienta inservible, pues “solo es vitrina de la oposición y hasta pretexto para que las bancadas de gobierno traten de pescar alguna tajada burocrática adicional”.

 Se supone, y así lo reza la teoría constitucional, que la moción de censura es uno de los garantes de que el sistema de pesos y contrapesos, necesario en la autonomía de los poderes y de sus funciones, se cumpla en una democracia parlamentaria. Los entes políticos, gubernamentales, fiscales y administrativos del país han hecho uso de ella, pero cuando parece lograr su cometido, el acusado saca su última carta y renuncia: de esta manera queda “invicto” y con permiso para otras jugadas dentro del espectro político. Cuando no lo ha hecho es porque las mayorías parlamentarias evitan su castigo.

A finales del año pasado, el senador Richard Aguilar y el representante César Lorduy promovieron un proyecto para que funcionarios llevados a debate de moción de censura no puedan renunciar antes de la votación. La idea era que, si el ministro renuncia, esta se acepte después de la moción. La propuesta no caminó y quedó archivada en el año 2019. No obstante, Aguilar volvió a radicar el proyecto en 2020 y actualmente está a la espera de segundo debate.