La situación sanitaria planteada por la COVID-19 dio pie a una secuencia de hechos que, en el contexto laboral, ha permitido que las reglas y condiciones en Colombia cambien o se replanteen. No cabe duda que la virtualidad demostró sus bondades en esta coyuntura: cientos de empresas aún se niegan a volver a la presencialidad. El trabajo remoto les ha permitido reducir costos y optimizar procesos; de ahí que en agosto de este año se aprobara la Ley 2121, que establece las normas para promover y regular el ejercicio del trabajo virtual.
Se trata de una normativa que determina que el trabajo a distancia será pactado de manera voluntaria por las partes. El ejercicio profesional será desarrollado a través de tecnologías que permitan el cumplimiento de las labores acordadas entre empleador y empleado. En este nuevo tipo de relación laboral hasta la terminación del contrato se puede hacer de manera virtual, aunque existen algunas excepciones en las que la presencialidad se puede hacer obligatoria.
Para organizar aún más la situación de la virtualidad también se aprobó la Ley 2088, que regula el trabajo en casa. Con estas nuevas normativas, Colombia ahora tiene elementos legales que permiten organizar las nuevas dinámicas laborales, sobre las cuales durante los primeros días de pandemia hubo mucha confusión.
Tanto la ley del trabajo remoto como la ley del trabajo en casa llegaron al país para establecer normas que no existían y para las cuales, tanto el empleador como el empleado, necesitaban tener claridad, pero no ha pasado lo mismo con otras disposiciones que están en discusión en este momento en Colombia.
Hoy se aprobó en tercer debate el proyecto denominado “Ley de Desconexión Laboral”. El proyecto llega a establecer las condiciones sobre la cantidad de tiempo que los empleados deben trabajar, defendiendo el derecho a que se respeten los horarios pactados en el contrato inicial. De esta manera, se busca dar garantías al descanso de los trabajadores, sea cual sea su modalidad de trabajo.
La normativa, aseguran los proponentes, no permite desconexiones durante la jornada laboral, pero sí busca evitar que las jornadas se extiendan más de lo debido. En todo caso, el trabajador debe seguir cumpliendo con sus metas, horas de trabajo acordadas y actividades propias de su contrato y actividad profesional.
Es un proyecto de ley que debe ser minuciosamente explicado, sin vacíos ni posibilidad de interpretaciones: si bien los empleados resultan beneficiados con ella, no pasa lo mismo con el empleador, que ve en esta aprobación un espacio en el que la desconexión y la reducción de la jornada acorralan la productividad y la ponen en jaque.
Una estocada para el agonizante sector empresarial ha sido la reducción laboral, otra de las leyes aprobadas durante la pandemia de la COVID-19. Gracias a la Ley 2101, la jornada laboral en Colombia pasó de 48 a 42 horas semanales. Un recorte en horas que juega en contra de la recuperación del aparato productivo. Esto, de la mano con licencias de paternidad compartidas; que le permiten al nuevo papá gozar de más días fuera del trabajo, una posible ley de desconexión laboral y hasta una posible ley de licencia por muerte de mascotas, da origen a más inestabilidad dentro de un sector económico, que se ve cada vez más acorralado y al mismo tiempo urgido de recuperar su estabilidad.
En junio de este año, empresarios que hacen parte de la ANDI, Fenalco y Acopi insistían en que el entonces proyecto de reducción de la jornada laboral no ayudaría a generar empleo. Bruce Mac Master, máximo representante de la ANDI, catalogó como lamentable que el Congreso de la República no entendiera el momento en el que se encuentra el país, en el cual se deben enfocar los esfuerzos en crear empleo y disminuir los índices de desocupación. “Esta ha debido ser una ley de creación de trabajo y de superación de la informalidad”, sentenció en ese momento.
Si bien la clase obrera colombiana es digna de respeto de sus derechos en el contexto personal y laboral, también lo es que los empleadores del país, sobre todo aquellos pequeños y medianos con posibilidades limitadas en sus maniobras económicas, se hacen minúsculos en un sistema donde los espacios y garantías de las empresas sucumben ante las necesidades personales. El mundo evoluciona, las prioridades cambian y las sociedades son cada vez más escuchadas, pero, en un país emergente como Colombia, que no termina de encaminar sus estrategias económicas hacia una estabilidad duradera, el sector empresarial- desde el más robusto hasta el más pequeño- sigue siendo la base y pilar para que el país avance, de modo que sus necesidades también resultan importantes y deben ser escuchadas.
