El período legislativo inicia con la expectativa planteada por el trámite proyectos de ley con alto impacto para la gestión política el Gobierno, algunos de ellos con los que va probar la fortaleza de su alianza con los partidos que lo llevaron al poder, ejemplo de ello es la Reforma a la Salud, con el cual pondrá a prueba su alianza con la bancada de Cambio Radical (de la cual son autores y el ministro del ramo es su cuota en el gabinete), iniciativa que puede allanar el camino para alianzas en otros frentes de interés.
Los proyectos como la reglamentación de la cadena perpetua para violadores servirán para oxigenar las relaciones con el Centro Democrático, su partido, y los sectores más conservadores (incluido el Partido Conservador y los movimientos de origen cristiano). En todo caso, es un hecho que el gobierno intentará hundir proyectos como el que modifica la comisión asesora de relaciones exteriores o el que promueve la industria musical y garantiza la seguridad social para todos los artistas, así como el proyecto por medio del que se pretende reglamentar la aspersión aérea, el que prohíbe el uso del glifosato o el que convierte el fracking en un delito.
La oposición llegó con la renta básica universal como bandera para esta segunda mitad de legislatura. Sin embargo, su rol natural ha sido el de hacer contrapeso al gobierno y probablemente los debates políticos frente a algunos funcionarios del gobierno y su oposición a la reforma tributaria darán más de qué hablar que cualquier otra cosa.
Congreso se alista para discutir la Tributaria
En diciembre de 2020, el Gobierno Nacional confirmó que para 2021 presentaría un proyecto de reforma tributaria para enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia. La deuda externa pública y privada de Colombia sumó US$147.822 millones a noviembre de 2020, cifra que, según el Banco de la República, representa un aumento de 7,1% con respecto a la registrada en el mismo mes de 2019, cuando fue de US$138.030 millones. Actualmente la deuda del país equivale al 54,8% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país, durante un tiempo definido.
Además de la alta deuda externa pública y privada, se suman las dificultades que actualmente tiene el sistema tributario. Si bien el país durante este Gobierno ha avanzado en políticas anti evasión, persisten retos en materia de captación debido a la alta informalidad laboral que, de acuerdo con el DANE, en enero de 2021 se ubicaba en 48,7%.
La discusión entorno a la reforma tributaria llega al país en un contexto marcado por el fuerte impacto del covid-19 en la economía, un clima político en movimiento de cara a las futuras elecciones en 2022 y un Congreso que espera debatir otra de las reformas importantes que tendrá gran impacto en el país de ser aprobada: la reforma a salud. Por su parte, el gobierno nacional tiene la misión de mejorar la calificación de inversión del país y adelantar una reforma tributaria que no afecte el progresivo crecimiento que ha mostrado la reactivación económica en Colombia.
Reforma a la salud va tomando forma
Esta semana, la ponencia de la reforma a la salud fue radicada y la foto final dejó un mensaje contundente: el ministro de Salud dio su respaldo, los senadores Castillo y Motoa posaron juntos dejando atrás las diferencias que trancaron el trámite legislativo en diciembre y en la foto estuvieron congresistas de los cinco partidos más fuertes del Congreso.
La propuesta incluye un capítulo dedicado a la atención y contención de la pandemia, y plantea de forma muy sutil la posibilidad de importación de vacunas por parte de los privados y otras tecnologías que garanticen el acceso a tratamientos preventivos y curativos de la enfermedad generada por la pandemia, incluso mediante la figura de Alianzas Público Privadas (APP). Asimismo, rescata conceptos como el “riesgo colectivo”, cuya administración se impone a la Nación y a las Entidades Territoriales, en contraste al concepto de “autocuidado”, cuya responsabilidad recae en las personas y comunidades.
En este mismo sentido, la iniciativa reitera el enfoque en la prestación de servicios de salud familiar y comunitaria, que a la postre derivaría en el fortalecimiento del nivel primario de atención en salud, donde los programas de promoción y prevención deberán ser robustecidos, dado que sobre ellos recae la administración del riesgo. No obstante, este planteamiento no deja de ser audaz y por qué no ambicioso, pues no es un secreto las dificultades geográficas para el acceso, así como las diferencias poblacionales y de saberes que se deben integrar para dar cumplimiento a esta política. De otro lado, asigna la Superintendencia de Salud la función de inspección, vigilancia y control de las entidades del sector respecto del cumplimiento de las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia o las infracciones a las mismas.
Esta reforma no deja de ser ambiciosa tanto en lo económico y en sus alcances, como en su espíritu; pues fortalecer la atención primaria y generar diagnósticos tempranos y tratamientos que reduzcan las enfermedades de base, ahorra muchos recursos al sistema, que pueden ser reorientados hacia la atención o fortalecimiento de otras áreas de menor cobertura y creciente demanda, con impactos con menos visibilidad como la salud mental, cosa que se ha evidenciado con el aislamiento en el caso de las EPS o la salud en el trabajo (ahora en casa), para las ARL.
El ambiente político para el trámite de la iniciativa es ideal, pues en el mundo no hay un tema de conversación más reiterado que la pandemia, la vacunación y su impacto en todos los frentes, aprovechar esta coyuntura para sacar esta reforma puede ser un golpe de opinión favorable para el Gobierno, que aún tiene recibe muchas críticas por su manejo de la pandemia. Claro, Cambio Radical también tiene su cuota de protagonismo en este trámite.
