Desde el 24 de marzo de 2020, cuando comenzó en el país un confinamiento obligatorio y casi total, Colombia empezó a sumergirse en un sinfín de situaciones sanitarias, sociales, políticas y económicas complejas y difíciles de solucionar, mientras una de las enfermedades más preocupantes de todos los tiempos sigue sin tener clara su solución. Los pronósticos que acompañaban a Iván Duque y a su gabinete con la llegada de 2020 cambiaron de la noche a la mañana. La llegada del Covid-19 al territorio nacional convulsionó todo y, en medio de intentos por organizar y controlar la situación, la improvisación también tuvo que tomar las riendas.
Un confinamiento absoluto se mantuvo en Colombia durante casi dos meses: hospitales vacíos, creación de centros hospitalarios temporales, suspensión de clases, paralización de casi todas las operaciones presenciales del país. Las medidas ayudaron, sin duda, a mantener suprimido el contagio del nuevo Coronavirus, pero, como las mismas autoridades lo habían sentenciado; “el hambre también es un problema de salud pública”, así que fue necesario cambiar la estrategia.
No más de dos meses aguantó el país encerrado. La construcción y la manufactura fueron dos de los grandes sectores que comenzaron a reactivarse, con lineamientos de bioseguridad, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para mantener- dentro de lo posible- el control de los contagios.
De inmediato los números comenzaron a aumentar. Cada día la cantidad de positivos para Covid-19 y de muertes empezaron a ser mayores. No sólo por la reactivación económica dada hasta el momento, sino también por la ampliación en la capacidad diagnóstica que el Gobierno nacional logró instaurar.
La cuarentena, de todas las formas que se ha establecido, acabará el próximo 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre todo volverá a la “normalidad”. Sólo deben mantenerse confinadas las personas con Covid-19, allegados o quienes tengan sospecha de contagio. Cada sector, con sus lineamientos y nuevas reglas para operar, podrá activarse de nuevo.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera que Colombia se contraiga -7,8% en 2020, lo que sería la primera recesión desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2%. Para el organismo, el dinamismo que traía la economía colombiana y las rápidas respuestas de política económica ante la pandemia permiten pronosticar una caída de la actividad económica menor a la de otros países de Latinoamérica y el Caribe, que en conjunto tendrían una caída de -9,4% este año. Adicionalmente, el FMI considera que, si la situación de salud se estabiliza, Colombia podría liderar la recuperación económica en la región, con un crecimiento de 4,0% en 2021, por encima del promedio esperado para la región (3,7%).
En su informe de Política Monetaria de abril, el Banco de la República pronosticó que el crecimiento del país estará en un rango entre -2,0% y -7,0% en 2020. En un escenario de relajamiento paulatino de las medidas de distanciamiento social y de restablecimiento de la confianza, es posible esperar una recuperación gradual de la economía para la segunda mitad del año, que debería continuar en 2021.
Según Procolombia, en junio, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal aprobó por unanimidad la suspensión de la regla fiscal en el país durante 2020 y 2021, teniendo en cuenta la magnitud del choque macroeconómico que experimenta actualmente la economía local e internacional y la necesidad de mayor flexibilidad fiscal. En este sentido, el gobierno nacional se compromete a incluir en el Marco Fiscal de Mediano Plazo los lineamientos fundamentales de la estrategia fiscal requerida a lo largo de los próximos años para normalizar las cuentas fiscales.
Para Olga Lucía Acosta, experta de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la realidad colombiana no dista de la de países desarrollados como España o Italia. La pandemia sobrepasó las capacidades y casi ningún país, por no universalizar la situación, estaba preparado para atender una contingencia sanitaria de tal magnitud.
Las proyecciones de la CEPAL indican que la pobreza extrema subiría de 10% en 2019 a 14,3% en 2020, en promedio, y la pobreza en general de 29% a 34%, cerca de 5 puntos. “Aún nos mantenemos un poquito mejor que el promedio de América Latina, pero de cualquier modo se proyecta mayor desigualdad en la distribución de los ingresos”.
Pero los esfuerzos comienzan a evidenciarse para combatir las situaciones que se van a presentar. En palabras de Acosta, el impacto final dependerá de las medidas de mitigación y contención que cada país proponga:
- Duración de la crisis sanitaria: medidas de aislamiento social.
- Impactos sociales a través del empleo en ingresos en los hogares.
- Impacto en la capacidad productiva a través de sus efectos en las PYMES, las grandes empresas y la productividad.
- Impactos fiscales, déficit y endeudamiento por la menor actividad económica.
Ante el panorama planteado la CEPAL propone cinco tipos de medidas:
- Transferencias monetarias: nuevos programas y extensión de medidas existentes (anticipo de entregas, mayores montos, mayor cobertura).
- Transferencias en especies: alimentos, medicamentos, mascarillas y productos de aseo.
- Suministro de servicios básicos: suspensión o exoneración en pago de cuentas de agua, electricidad, gas, teléfono, internet.
- Protección social para trabajadores formales: reducción de exposición (teletrabajo), protección de ingresos y puestos de trabajo, seguros de desempleo, licencias y prohibición de despidos.
- Otros apoyos directos a personas y familias: alivios tributarios, facilidad de pagos de créditos e hipotecas, control de precios.
Sin duda un reto abismal se le viene al presidente Iván Duque en sus últimos años de mandato. La avalancha económica que ha dejado el Covid-19, de la mano con nuevos intentos por parte de las fuerzas subversivas de desestabilizar al país, obligan al máximo mandatario nacional establecer estrategias concretas y determinantes, en las que la cooperación de los sectores más estables del país resulta indispensable.
