El pasado 18 de Agosto, Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado después de que
la Corte Suprema de Justicia le ordenara como medida cautelar; la detención preventiva domiciliaria.
Con 857,141 votos, la decisión de retirarse del Legislativo tiene como objetivo perder el fuero de congresista y por ende la competencia de la Corte Suprema para seguir conociendo su caso, trasladándolo a la Fiscalía General de la Nación para que continúe su curso, y ante una jurisdicción en la que Uribe considera tener más garantías.
Esta tesis tiene como sustento una jurisprudencia de esa Corte ante la desbandada de congresistas implicados en parapolítica que al renunciar buscaban que sus investigaciones llegaran a la Fiscalía. En esa oportunidad la Corte determinó que si el acto delictivo por el que se investigaba a cada congresista se había cometido en su ejercicio como funcionario público, se mantenía la jurisdicción de la Corte.
Para el caso Uribe, la teoría que busca el cambio de jurisdicción es que el acto cometido no se produjo en su ejercicio como congresista pues se produjo con antelación a la fecha en que fue elegido congresista y por ende, se perdería la competencia. Sin embargo, nada está claro porque en el marco de la investigación hay indicios sobre algún eventual acto de un miembro de su UTL que lo vincularía a su ejercicio actual. La Corte se encuentra realizando una valoración y se deberá pronunciar frente al traslado o no, del caso y la consecuente investigación.
Esto como antesala de lo que promete ser el caso judicial del siglo para el país, por su componente ideológico, por las implicaciones políticas y por el trasfondo en el división de la sociedad colombiana, un proceso del que desde ya se sabe, las partes harán todo lo posible para recurrir a todos recursos jurídicos en un debate que durará varios años, y que es factible que llegue de nuevo a la Corte Suprema en casación para un fallo definitivo.
Pero al margen del análisis jurídico, se encuentra el tsunami político. Al interior del Centro Democrático hay orfandad y ausencia de un liderazgo claro. Con varias propuestas entre las que se encuentra una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia, las implicaciones de la renuncia de Uribe a su curul, son profundas para la bancada del partido y su ejercicio legislativo. La arrolladora personalidad de Uribe que lograba posicionar el ideario del partido, las iniciativas legislativas, las posturas frente a los diferentes debates de política pública y la vocería directa y firme que había ejercido, se verán menguadas ante la ausencia de un sucesor en el congreso.
Paloma Valencia, Santiago Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías, María Del Rosario Guerra, por ejemplo, son apenas 8 de los 18 senadores del Centro Democrático que quedarían huérfanos después de que su líder, Álvaro Uribe Vélez, renunciara a su curul en el Senado.
La historia de dicho partido, ha demostrado que estos perfiles políticos son muy radicales en la toma de decisiones y esta era una de las múltiples razones por las que el expresidente lideraba el equipo, y hacía las negociaciones con los otros partidos.
Es posible que María del Rosario Guerra o Paloma Valencia tomen las riendas del Centro Democrático en el Senado buscando mantener la cohesión que ha caracterizado el partido, sin embargo, reemplazar el liderazgo de Uribe en la bancada es imposible.
En lo táctico y frente a la estrategia del partido para la defensa del Presidente Uribe y el futuro del partido, han creado un comité táctico en el que Tómas Uribe, su hijo mayor, aparece por primera vez en el debate político teniendo como reto demostrar su casta, su capacidad de liderazgo y de cohesión, de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. En este comité también se encuentran Óscar Iván Zuloaga, Nubia Stella Martínez, Ernesto Macías, Gabriel Velasco y Hernán Cadavid.
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¿Quién podría heredar el puesto de Uribe en el Senado?
Si la Corte llegara a condenar a Uribe, no es posible que se declare Silla Vacía; porque la manipulación de testigos, razón por la que Uribe está detenido, no es uno de los cuatro detonantes en Colombia para que se promulgue dicha decisión.
Sin embargo, mientras continúen las investigaciones en contra del ex senador, se tendría que llamar a la siguiente persona en votos de la lista del Centro Democrático.
Si bien aún es incierto quién reemplazaría a Uribe; en dicho orden de ideas, la siguiente persona que podría heredar el puesto, sería la ex diputada de Cundinamarca Yenny Rozo Zambrano que se quemó con 24.930 votos. Rozo es fiel seguidora de la campaña de Duque y fuerte defensora de Uribe.
Al margen.
Con el fallo de la CIDH frente al caso Petro se abre un debate álgido en Colombia sobre la competencia de la Procuraduría, Contraloría y Superintendencias, así como de la viabilidad de la figura de pérdida de investidura a cargo del Consejo de Estado y de la moción de censura como figura de control político en el congreso frente al ejecutivo. Para la Corte los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órganos de control diferentes a la fiscalía en el marco de un proceso penal, pues considera la violación de los derechos políticos de quien fue elegido por el constituyente primario.
El fallo ordena al gobierno colombiano adecuar su ordenamiento para quitarle los dientes a estos organismos y por ende, generar impunidad frente a los casos en los que mandatarios y gobernantes cometan irregularidades en la administración del poder. Actualmente se encuentran en curso 20.814. Quedando la duda sobre si la elección popular es patente de corso para cometimiento irregularidades.
De un plumazo, la CIDH le concede a Colombia un año para esta modificación, olvidando que las irregularidades no son todas de orden penal, sino también fiscal y administrativo. Para el Procurador Carrillo, este fallo atenta contra 190 años de existencia en Colombia de la Procuraduría General de la Nación.
Si bien el fallo es definitivo, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Colombia estudia la posibilidad de solicitar aclaración frente a la interpretación sobre su alcance.