Las comunidades indígenas que se encuentran en Bogotá desde hace varios días en búsqueda de un encuentro con el presidente Iván Duque se unirán a otros sectores sociales, como los profesores y las centrales obreras, en un paro nacional convocado para hoy, 21 de octubre. Este paro se encuentra apoyado por las fuerzas políticas de izquierda, quienes han aprovechado- desde comienzos de 2020- para alentar la protesta en la calle frente a diversos hechos del acontecer político: acuerdo de paz, negociación con el ELN, Glifosato, orden público y asesinatos selectivos. La minga indígena no es ajena a estas preocupaciones y es por ello que en esta oportunidad su llamado al gobierno se enfoca en demandas de carácter político (anualmente formulan reclamos en búsqueda permanente de concesiones en política pública).  

La tensión política y el mal relacionamiento entre la alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional se encuentra en uno de sus peores momentos, tras la llegada de los indígenas a Bogotá. Su presencia en la ciudad se convierte en un tema de salud pública frente a la contención del Covid-19. Para Claudia López, los  reclamos de los indígenas se encuentran fundamentados, y el rechazo del presidente de atenderlos ha hecho necesaria su masiva movilización a la capital. 

Aunado a esto, y tras los recientes acontecimientos de abuso de la fuerza policial, el país se encuentra a la expectativa sobre la forma en que se van a desarrollar las marchas de hoy, pues hay indicios de infiltración de bandas y desmovilizados que buscarán alterar el orden público. Los pocos colegios que se reactivaron, tras la cuarentena, ya cancelaron sus clases presenciales pues es factible desorden en la ciudad. 

Un contexto social, político y sanitario complejo es el que se evidencia hoy en Colombia. Unas 7.000 personas indígenas colombianas integrantes de la minga llegaron el domingo 18 de octubre a Bogotá. La negativa oficial empeoró la situación y ahora los indígenas se unirán al Paro Nacional convocado para hoy por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación (Fecode) y las Centrales Obreras. Sin duda, una bomba de tiempo social y sanitaria.  

¿Qué hay detrás de todas las manifestaciones que en contra del gobierno de Iván Duque se están gestando? ¿Es necesario salir a la calle en medio de una situación de salud pública tan delicada como la que plantea la pandemia? ¿Fue necesario el rechazo del presidente Iván Duque ante la solicitud de reunión de los indígenas? El tema tiene su razón de ser, pero, en el camino parece no encontrar un rumbo lógico.  

Lo cierto es que, ante la negativa del Gobierno nacional de atenderlos decidieron unirse hoy al Paro Nacional, cuyo objetivo es el de exigirle al presidente Duque el cese del autoritarismo, la restricción a la protesta social, el cumplimiento de los acuerdos y la negociación de los puntos planteados en los pliegos de 104 puntos y el pliego de emergencia de los 6 puntos, expuestos en medio de la crisis económica, social y sanitaria. 

Ya el país, económicamente hablando, viene en picada. La recesión dada por la pandemia ha resultado en los índices de desempleo más altos de las últimas décadas, en sectores económicos acabados y en una transición que aún no se sabe cómo comenzará. La inestabilidad dada por los sectores activos del país, en su afán de hacerse escuchar al tiempo, no ayuda en ese intento de recuperar la economía y de darle a cada sector las soluciones que requiere.  

La gobernabilidad, la injerencia de la izquierda en las decisiones masivas, que se manifiestan en las calles sin distanciamiento físico ni cumplimiento de medidas de bioseguridad, hacen que el marco de la campaña presidencial se torne confusa. Hay molestia en la gente, sin duda. La pandemia llegó para empeorar lo que ya agonizaba y la izquierda, aunque dividida, ha sabido leer e interpretar a la sociedad, al punto de encaminarla hacia la calle y muy probablemente hacia las urnas electorales en 2022. 

Todo empieza a formar parte de un sentimiento nacional angustioso; primero por el desenlace sanitario que implica tener a tantas personas protestando; segundo por las sospechas de infiltrados que buscan- a como dé lugar- propiciar anarquía y desobediencia civil; tercero por las secuelas económicas y cuarto porque, en un futuro cercano, la izquierda podría terminar de persuadir la intención de voto en el país; una decisión determinante para un país que ha vivido de cerca la agonía social, política y económica de su vecino Venezuela.  

Para hoy resulta imperante recordar que el Ministerio del Interior expidió el protocolo que, a corto plazo (provisional) incluye las medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente. Respetar a las autoridades legítimas del Estado, evitando afectaciones a sus elementos o uniformes, y la prohibición del porte de armas contundentes, químicas o incendiarias son dos de las órdenes más determinantes en este sentido.