Una nueva legislatura está a punto de iniciar en Colombia. Uno de los poderes más importantes de la estructura del país improvisa sus dinámicas ante la amenaza de una pandemia, con un alcance mayor, al estimado por las autoridades sanitarias. Por ahora, se sabe que el próximo 20 de julio, Día de la Independencia Nacional, la instalación del nuevo parlamento se hará de manera remota.
Un escenario complejo frente a la obligatoriedad de elegir las mesas directivas que conformarán el Senado y la Cámara de Representantes, y cuyo sufragio tiene que ser secreto. Todos los años, desde hace poco más de dos siglos, la plenaria del Congreso de la República debe reunirse para instalar las sesiones y renovar las presidencias del Senado, de la Cámara y de las comisiones constitucionales y legales. Este año, gracias al alcance del Covid-19 en el país, el acto se hará a través de una plataforma virtual, pero aún quedan muchos detalles por aclarar, en virtud de lograr las condiciones que el acto exige.
Sin duda, la decisión busca resguardar la salud de los parlamentarios, quienes superan en su mayoría los 65 años de edad. A la fecha siete han resultado positivos para COVID-19. Buena parte del total de congresistas debería trasladarse a Bogotá desde sus regiones, maniobra que implica un riesgo aún mayor ante un posible contagio. Y es que, aunque se establecieran elecciones presenciales, guardando la distancia dentro del recinto legislativo, los protocolos previos para la llegada de los congresistas, sus condiciones de salud actual, enfermedades pre existentes y limitantes aéreas del momento, se muestran como obstáculos importantes para lograrlo.
Según informó Revista Semana, por fuentes directas del Senado, la intención para lograr la efectividad de los sufragios, respetando las condiciones constitucionales del acto, es la de integrar un sistema de votación secreto virtual que garantice el voto de los parlamentarios. Los detalles de este sistema aún se desconocen.
Dos de los congresistas de oposición que han criticado las sesiones virtuales son Roy Barreras y Jorge Robledo. Ambos han manifestado que este modo de legislatura es inconstitucional y no permite el ejercicio adecuado de las funciones parlamentarias.
Este es el primer paso a superar en el primer acto electoral de la nueva legislatura. De este dependen decisiones futuras cercanas en las que el voto secreto es determinante. Si bien la virtualidad ha sido una herramienta indispensable para continuar la labor parlamentaria, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto 491 de 2020, que permitió las sesiones virtuales de las ramas del poder público, entre ellas las sesiones no presenciales del Parlamento.
Sin embargo, el ente judicial aclaró que, si el legislativo cambia su reglamento interno e incluye la posibilidad de sesiones virtuales, podría hacerlo. Queda por parte del Congreso dar a conocer los mecanismos definidos para lograr la efectividad de sus actos electorales y, más allá, garantizar la continuidad parlamentaria, respetando los preceptos constitucionales establecidos.
Lidio García, el presidente del Congreso, aceptó la decisión de la Corte, considerándola sensata y responsable; “pues buscó salvaguardar la vida de los congresistas”.
