Implicaciones políticas tras las decisión de la Corte Suprema de Justicia al ordenar la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Con una histórica decisión, por primera vez un ex mandatario es privado de su libertad por la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe Vélez, el protagonista de la vida política colombiana en los últimos 20 años, enfrenta hoy una medida de aseguramiento, preventiva y domiciliaria, en el marco de la investigación que cursa en la Sala de Instrucción por los delitos de soborno y fraude procesal.
Un debate de control político sobre los presuntos vínculos del expresidente con el paramilitarismo, en 2014, inauguró la polémica. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, junto a la entonces senadora Claudia López (Alianza Verde), llevaron a cabo un debate histórico con el que, prácticamente, daban la bienvenida al expresidente en su retorno al Senado. La discusión pasó a los estrados judiciales.
La decisión, que hoy tiene un primer desenlace, data del año 2018, cuando la Corte Suprema recibió una denuncia de Uribe en contra de Cepeda. Pero las investigaciones- promovidas por el acusador- le dieron indicios al tribunal de que no era Iván Cepeda quien estaría intentando manipular testigos, sino Álvaro Uribe. Todo un proceso investigativo se desplegó desde entonces.
El camino estuvo abonado de pruebas y acusaciones que surgían de un lado a otro, hasta que, en octubre de 2019 Álvaro Uribe quedó vinculado con delitos de soborno y fraude procesal. Mientras el proceso siga su curso y se profiera una sentencia definitiva, el líder del partido Centro Democrático queda al margen de las actuaciones políticas nacionales implicando un duro golpe para la derecha colombiana.
Ha sido un proceso álgido, agotador para muchos, en los que las interpretaciones suelen inundar el contexto. Muchos consideran que las diferencias de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia datan de la época en la que el entonces presidente de la República se enfrentaba con la Corte Suprema, porque ésta señalaba a funcionarios y congresistas suyos de varios delitos. Sin embargo, los magistrados que en ese momento distaban de las actuaciones uribistas ya no forman parte del máximo tribunal.
Tal parece que un nuevo capítulo comienza en la historia de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia. Los cinco magistrados, que, de manera unánime, tomaron la histórica decisión, encendieron el debate político nacional con una medida cuya necesidad respecto de la detención domiciliaria, se pone en duda y da paso a interpretaciones de todo tipo, desde un análisis jurídico y fundamentado en derecho, hasta una decisión de carácter político que tiene como objetivo sacarlo del contexto político nacional.
Implicaciones del fallo
Las repercusiones de la medida son de profundo calado en el acontecer nacional y genera un terremoto en el sistema de frenos y contrapesos ideológico del país.
La primera implicación de la reciente medida en señal y como antesala de la decisión que tomaría la Corte, tiene relación con el contundente mensaje que profirió el pasado 3 de agosto el poder judicial en pleno, mediante un comunicado en el que resaltó su independencia, así como su autonomía en el ejercicio de su poder.
La segunda, y no menos importante, está relacionada con el fin del mito que por décadas imperó en Colombia; relacionado con la discrecionalidad o patente de corzo frente a la responsabilidad de las irregularidades que hayan podido cometer altos dignatarios del país, como ocurrió en el caso de Ernesto Samper Pizano. Esta premisa podría tomar más forma en la medida que las investigaciones sobre otros dignatarios avancen sin distracciones. De esta forma se podrá afirmar que las decisiones de hoy representan un avance en la justicia nacional.
La tercera implicación de esta decisión tiene relación directa con la profundización de la división y polarización de la sociedad colombiana frente a los Acuerdos de La Habana. El país aún no logra pasar la página, y con este fallo se exacerban los ánimos en torno a la forma en que las FARC han transitado al sistema democrático con las bondades de las concesiones otorgadas en el acuerdo sin cumplir sus promesas frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y mintiendo abiertamente frente a las atrocidades que cometieron por años de conflicto.
La cuarta implicación está relacionada con el fortalecimiento de la izquierda en Colombia, en donde figuras como Gustavo Petro sabrán capitalizar la situación a su favor de cara a las próximas elecciones aprovechando la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana, como consecuencia de su incapacidad de formar y generar renovación política. Los partidos políticos están desprestigiados, el centro no tiene hoy una figura que los represente ni genere identidad con la ciudadanía, enfrentándonos a un caldo de cultivo perfecto para el populismo.
En cuanto al gobierno, sin duda, este golpe impacta al Presidente Iván Duque y afecta su liderazgo. Los ánimos en el Congreso estarán caldeados de cara a la agenda legislativa presentada por el gobierno con apuestas tan importantes como los temas laborales, económicos y pensionales por mencionar solo algunos.
Duque tendrá que capotear la situación gestando una alianza partidista que busque calmar las aguas desde lo político, teniendo como objetivo sobrellevar la pandemia sin que colapse el sistema de salud, al tiempo, que logre reactivar el empleo y la economía.
En cuanto al Centro Democrático, hasta que se dé un veredicto definitivo en el caso de Álvaro Uribe no puede decretarse la silla vacía y por tanto, con la medida preventiva, el partido mantiene su curul en el Congreso de la República. La curul quedará a cargo del siguiente aspirante, que en este caso se trata de la Norte Santandereana Milla Patricia Romero, quien no logró llegar al Senado por 93 votos en la pasada contienda electoral.
Con el contexto actual, Colombia atraviesa uno de los capítulos políticos más complejos de su historia reciente en el que se pone a prueba el talante de su sociedad, quedando como tarea demostrar su grandeza para transitar las implicaciones de esta medida, así como la continuidad en la implementación del acuerdo de paz.
