A sus 40 años de edad Richard Nixon fue el segundo presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Una figura poderosa para la gran potencia americana, quien inició un primer mandato presidencial en 1968, donde- entre otros logros- destacó la obligatoriedad a la integración racial en las escuelas sureñas e inició una especie de guerra contra el Cáncer. También precedió la Misión Apolo 11.  

Pero su segundo periodo presidencial no tuvo un buen desenlace: un caso de allanamiento en la sede central del Partido Demócrata, ubicado en el edificio de oficinas Watergate el 17 de junio de 1972 involucró al entonces presidente de Estados Unidos en un método de espionaje ilegal. Tras largas investigaciones, el 9 de agosto de 1974 aceptó su participación por lo cual renunció a la presidencia. Ha sido la única vez que un presidente de los Estados Unidos ha renunciado al cargo. 

Nixon contaba con una aceptación respetable en el entorno social y político del país. Su trayectoria política le permitió tener en sus manos el poder de la nación norteamericana. Sin embargo, todo se desplomó con su participación, además, en una conspiración para obstruir la investigación del escándalo de las escuchas ilegales en las que estaba involucrado. 

Sus decisiones tuvieron consecuencias. La historia, las leyes de Estados Unidos y la memoria política del momento lo condenaron. No ha habido casos parecidos al de Nixon en la historia reciente norteamericana, pero sí en la del hemisferio sur del continente. 

A propósito de la detención domiciliaria del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo proceso judicial quedará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia- un hecho sin precedentes en la historia política colombiana- vienen a la mente algunos tantos casos de ex presidentes latinoamericanos quienes, por alguna razón, han sido condenados o señalados por las leyes de su país:  

El siglo XXI comenzó con los escándalos de corrupción de funcionarios relacionados con la gestión del entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori. El mandatario fue destituido por “incapacidad moral” por el Congreso en noviembre de ese año. Evadió las acusaciones judiciales que pesaban en su contra hasta 2005. Se mantuvo en exilio en Japón, de donde también es nacional, hasta que fue arrestado en Chile en noviembre de 2005.  

Fujimori fue condenado por diversos delitos por el sistema judicial peruano: 

• Allanamiento ilegal de morada en la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de quien fuera su asesor presidencial entre 1990 y 2000, Vladimiro Montesinos. Condenado a seis años de privación de libertad. 
• Condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.  
• Condenado a otros siete años y medio de cárcel al ser hallado culpable de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del estado. 

Alberto Fujimori tuvo un pequeño período de libertad entre el 24 de diciembre de 2017, cuando fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el 3 de octubre de 2018, cuando la medida fue anulada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. A pesar de las tantas acusaciones que sobre sus hombros recaen, en las elecciones generales de 2016, el movimiento fujimorista, liderado por su hija Keiko Fujimori, obtuvo 73 de los 130 escaños en el Parlamento Unicameral, es decir, que el 56 % le aseguró mayoría absoluta. 

Rafael Correa llegó a la presidencia de Ecuador en enero de 2007. Tras culminar su tercer periodo presidencial en 2017, la justicia ecuatoriana emitió una orden de prisión preventiva. En la fiscalía ecuatoriana es investigado por el delito de secuestro que sufrió Fernando Balda, antiguo detractor, en el año 2012. La orden se dispuso por no cumplir una presentación periódica ordenada  por la fiscalía.

Recientemente, el 27 de abril de este año,  la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a ocho años de prisión al expresidente Correa por el delito de cohecho, casos de sobornos entre los años 2012 y 2016. Según los argumentos judiciales,  existió una estructura delincuencial organizada, integrada por funcionarios públicos, entre ellos, el ex vicepresidente Jorge Glas, quienes ofrecieron ofertas a empresarios nacionales y extranjeros, con el fin de otorgar contratos en infraestructura. Según la fiscalía, Correa  fue quien institucionalizó la dinámica, dirigida y diseñada desde la presidencia de la república de ese momento.

Pero, a pesar de los señalamientos que sobre él recaen, Rafael Correa aún intenta sobrevivir en la actividad política ecuatoriana. Ayer, intentó inscribir- a través de su hermana- la aceptación de su precandidatura a la vicepresidencia de Ecuador  para las elecciones de febrero de 2021, a pocos días de que se resuelva el recurso de casación por su sentencia. Sin embargo, el CNE de ese país exige que la aceptación de las precandidaturas se haga de manera  presencial en las oficinas electorales. Cabe recordar que Correa reside en Bélgica desde el año 2017.

En las democracias modernas, el concepto de la igualdad ante la ley debe ser un elemento determinante. Nadie, en ninguna democracia debe estar por encima de la Ley. Puede que tengamos opiniones en favor o en contra de los procesos e incluso de los crímenes y castigos a los que fueron sometidos x o y mandatario de x o y partido. Una democracia se consolida, en la medida que sus instituciones funcionan, la separación de poderes es una realidad y TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.