Foto: Galería de imágenes EPM
En días recientes, la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM en adelante) aceptó la renuncia de Álvaro Rendón como gerente general. Sin embargo, el hecho levantó una gran polémica debido a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había pedido la renuncia de Rendón y este último respondió con un carta en la que resaltaba la importancia de dialogar su salida con la junta directiva y tomar en cuenta las posibles implicaciones que ello traería sobre la imagen de EPM en el mercado de capitales. Al debate se sumaron otras voces.
La situación por la que pasa actualmente EPM ha puesto en tela de juicio el gobierno corporativo de la empresa. Según varios expertos en el tema, la lógica detrás de la implementación de las prácticas de gobierno corporativo en la EMP tiene el objetivo de crear confianza y, en consecuencia, la salida del gerente debería estar motivada por razones objetivas y técnicas. Lo cierto es que la preocupación está relacionada con los prestamistas, la calificación crediticia y la negociación de bonos. EPM es una entidad descentralizada creada como un establecimiento público autónomo. Precisamente, dicha naturaleza jurídica la dota de autonomía administrativa, financiera y un patrimonio propio, siendo el municipio de Medellín su único dueño.
En esta oportunidad, es necesario remitirse a qué significa gobierno corporativo en una organización de esta naturaleza; ese conjunto de estructuras, principios, políticas y procesos que deben garantizar que cualquier empresa mejore su desempeño, genere valor y sea competitiva, productiva y perdurable. Cualquiera que sea el caso o el tamaño de la empresa, existe una relación clara entre las buenas prácticas de gobierno corporativo y la existencia de organizaciones competitivas, es decir, capaces de sortear con los desafíos del entorno local y global, tomando así mejores decisiones en materia gerencial.
Un buen gobierno corporativo es, en esencia, una sinergia y armonía entre los agentes que se encuentran vinculados al funcionamiento de la empresa: los inversionistas, la alta gerencia, los empleados, proveedores y la sociedad civil en general. En ese sentido, el gobierno corporativo debe garantizar que la comunicación y la relación entre estos agentes sea fluida, transparente y participativa. Por ejemplo, está dentro de sus funciones garantizar y facilitar la participación de los inversionistas o accionistas en la toma de decisiones.
Existen documentos de recomendaciones hechos en esta materia por organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la European Private Equity and Venture Capital Association. Pero, lo cierto es que cualquier buen gobierno corporativo está sustentado en tres pilares fundamentales. En primer lugar, una identidad empresarial clara, que defina un propósito y unos valores organizacionales orientados a los intereses de la empresa. En segundo lugar, contar con una estructura sólida para tomar decisiones; pues esto permite definir y diferenciar los roles y responsabilidades de los involucrados. Por último, tener un compromiso estricto con el respeto y cumplimiento de las normas externas e internas de la empresa, fomentando así la transparencia.
No obstante, el gobierno corporativo no es un tema exclusivo de grandes empresas. Hoy en día los mercados se están transformando aceleradamente por cuenta de la revolución digital y el ecosistema emprendedor está más activo que nunca. A raíz de esto, el gobierno corporativo es un enfoque que se ha comenzado a adaptar en el funcionamiento tanto de start ups como de pequeñas y medianas empresas. Es relevante que en ese proceso de adopción y construcción de un buen gobierno corporativo se avance de la mano de procesos de transformación digital, que permitan mejorar los procesos de participación y gestión dentro de las organizaciones.
El caso de la EPM sigue despertando un intenso debate político en torno a la salida de Rendón, pero ello no puede descuidar el debate técnico asociado a lo que significa tener un gobierno corporativo. Entre debates y teorías, lo cierto es que la empresa de servicios públicos de Medellín debe cumplir con los lineamientos de su estructura corporativa, y mantener al margen injerencias políticas y decisiones públicas, que no corresponden con su naturaleza empresarial.